El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de un informe elaborado por el Departamento de Estado, arremetió contra la República Dominicana por supuestamente esta restringir los derechos de los inmigrantes haitianos ilegales que residen en el país.
Mediante un informe en el que evalúa la democracia, los derechos humanos, la seguridad jurídica y la institucionalidad del país, los EEUU señalaron que supuestamente los inmigrantes haitianos tienen limitaciones para trasladarse dentro de territorio nacional y que tienen dificultades para acceder a los servicios públicos y desarrollar sus vidas normalmente.
A la vez, reitera el calificativo de «apátridas» a los cientos de inmigrantes haitianos que se vieron afectados por la sentencia del tribunal constitucional No.168-13. Especificamente el informe señala:
» Un cambio constitucional en 2010 y un fallo del Tribunal Constitucional de 2013 revisaron las leyes de ciudadanía del país. Un efecto fue despojar retroactivamente la ciudadanía dominicana de aproximadamente 135,000 personas, en su mayoría hijos de inmigrantes haitianos indocumentados, a quienes previamente se les había conferido la ciudadanía dominicana en virtud de jus soli (ciudadanía por derecho de nacimiento) desde 1929. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ) encontraron que estas revisiones legales condujeron a la apatridia de las personas que perdieron su ciudadanía dominicana. Funcionarios de la ONU y ONG dijeron que los cambios legales tuvieron un impacto desproporcionado y negativo en las mujeres y sus hijos, en parte porque la ley trata a las madres nacidas en el extranjero de manera diferente a los padres nacidos en el extranjero».
También critica el trato que le ha dado la República Dominicana a los entre 40 mil y 100 inmigrantes venezolanos que se estiman han entrado al país durante los últimos años. Sobre esto dice:
» El gobierno no emitió lineamientos para facilitar la regularización del estatus de los venezolanos que viven en el país. La imposibilidad de solicitar el ajuste de estatus en el país obstaculizó el acceso de los venezolanos a los servicios básicos y aumentó su vulnerabilidad a la explotación laboral y la trata. Las asociaciones de inmigrantes venezolanos, con el apoyo de la OIM, coordinaron con las entidades del gobierno dominicano para proporcionar servicios de salud pública y servicios legales esenciales para los inmigrantes venezolanos».
En resumen, a través del informe el gobierno de los Estados Unidos hace serias criticas a las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional para garantizar los derechos internacionales consagrados a favor de los inmigrantes, fundamentalmente, en el contexto local, a inmigrantes haitianos y venezolanos.
Ver informe:
