A través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, el Pleno de la Junta Central Electoral, los candidatos presidenciales de los partidos políticos, empresarios representantes de Iglesias y de la sociedad civil, el Partido Verde Dominicano, ha hecho, lo que según sus propias palabras es, «un llamado a la sensatez», al proponer que las elecciones municipales y congresuales/presidenciales se unifiquen y ambas se celebren el domingo 17 de mayo del año 2020.
A continuación el documento integro:
Asunto Urgente: Un llamado a la sensatez por el bien de la Nación Dominicana para que se proceda a unificar las elecciones municipales y congresuales, de tal manera que ambas se celebren el domingo 17 de mayo de 2020, tomando en cuenta los infaustos acontecimientos sucedidos en las frustradas elecciones del 16 de febrero, y en prevención de nuevas y más traumáticas complicaciones que pudieran salirse de control.
Distinguidos señoras y señores:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte.
El país está padeciendo en carne viva las dolorosas heridas que han recibido la democracia y la institucionalidad como consecuencia del traumático y fallido proceso electoral del 16 de febrero del presente año, un evento sin precedentes en toda nuestra historia republicana.
Muestras evidentes de esta realidad la constituyen las manifestaciones espontáneas de protestas, entre ellas “El Trabucazo 2020” organizadas por las entidades Somos Pueblo, Creo en RD y Revoltiao, escenificadas en la Plaza de la Bandera, frente a la sede de la Junta Central Electoral [JCE], el día 27 de febrero de 2020. Estas organizaciones cívicas, sin fines de lucro, se han erigido como las voces del pueblo dominicano ―sobre todo en representación de la juventud― a los fines de hacer públicas denuncias y reclamos con el propósito de contribuir a solucionar los problemas político-sociales del pueblo dominicano.
Estas protestas, derivadas del desorden electoral recién acaecido, se han esparcido como pólvora, no sólo por la totalidad de la geografía del territorio dominicano, sino también más allá de nuestras fronteras, en cualquier lugar donde reside una representación significativa de nuestros hermanos de la diáspora, quienes aunque lejos físicamente, se sienten cerca de manera afectiva, ya que en su tierra han dejado lo que más aman y cuya ausencia se experimenta con mayor dolor debido a los sentimientos de nostalgia.
Como consecuencia directa del frustrado proceso electoral recién abortado, el árbitro legítimo representado por el Pleno de la JCE ha sufrido una seria erosión en su credibilidad, hasta el punto de que diversos sectores sociales y políticos han reclamado que sus integrantes renuncien o que sean destituidos.
A este respecto, es importante resaltar que tanto quien suscribe, candidato presidencial del Partido Verde Dominicano, como el señor José Antolín Polanco, Presidente del Partido y el señor Daniel López De Castro, delegado técnico ante la JCE, en múltiples ocasiones hemos afirmado y reiterado, públicamente, que los integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral son personas serias, respetables y de recto proceder.
Como consecuencia directa del fallido proceso electoral anteriormente mencionado ―cuyos orígenes y autores deben ser identificados sin demora para establecer responsabilidades y sanciones, de acuerdo al reclamo unánime del país― los dominicanos estamos vigilantes y atentos como nunca antes en la historia, en estado de crispación, a la espera de lo que habrá de ocurrir en las próximas elecciones municipales del 15 de marzo de 2020, las cuales preceden a las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo de este mismo año. Tomando en cuenta esta realidad incuestionable, es obvio que en los procesos electorales venideros no hay margen para el error, pues los mismos serán puestos, en todo momento, bajo el microscopio escrutador de la sociedad dominicana. Cualquier discordancia, independientemente de que sea un error involuntario o una maniobra dolosa, tendrá como resultado probable el estallido social, un curso de los acontecimientos que a nadie conviene, y que, por tanto, todos debemos esforzarnos por evitar.
En otro orden, mediante esta comunicación presentamos formalmente ante el Pleno de la JCE nuestra queja firme por la anómala situación que hemos venido observando, con desconcierto y preocupación, la cual detallamos en los siguientes párrafos:
Resulta que a los delegados de los partidos reconocidos [técnicos y políticos] se les ha invitado a participar en las reuniones celebradas en las oficinas de la JCE con el fin de que, supuestamente, la JCE y los partidos políticos “consensuaran” las decisiones relativas a los procesos y las tecnologías que se implementarían en las elecciones del 15 de marzo y en las del 17 de mayo de 2020. Sin embargo, en dichas reuniones no se consensúa nada con los representantes de los partidos. En cambio, los empleados de JCE se limitan a informar sus decisiones, previamente adoptadas, sin el concurso de los partidos políticos. Ante esta situación procede cuestionar para qué invitan a “consensuar”, si las decisiones son incontrovertibles y unilaterales, sin importar las opiniones de los partidos políticos. ¿A quiénes pretenden engañar con esta reincidente y patética estratagema?
Tomando en consideración el caos electoral recién acaecido, sobre todo por el hecho innegable de que ante la nación dominicana el Pleno de la JCE está evidentemente en defecto y “a prueba”, nos parece que este modo recurrente de proceder por parte de la JCE es una soberbia imprudencia, por demás innecesaria y suspicaz.
Por ejemplo, el 24 de febrero de 2020, apenas 20 días antes de la celebración de las elecciones municipales del 15 de marzo de 2020, la JCE invitó a los partidos políticos a “consensuar” la tecnología que se habrá de usar para el cómputo electoral. Sin embargo, en la reunión los técnicos de la JCE, en lugar de “consensuar”, se limitaron a informar que ellos, unilateralmente, decidieron utilizar los procedimientos y el sistema de procesamiento de datos que se emplearon en las elecciones presidenciales de 2012. Los técnicos de la JCE informaron a los delegados de los partidos políticos que los escáneres adquiridos en el año 2016 serán utilizados en las elecciones del año 2020 para transmitir las imágenes de las actas de cada mesa electoral que contienen los resultados del escrutinio. Es oportuno recordarles a esos técnicos que dichos escáneres generaron desconfianza y descrédito significativos en aquella ocasión [año 2016], por cuya causa se tomó la decisión de no volverlos a usar. En adición a lo anterior, ha pasado mucho tiempo desde entonces, por lo que, en caso de que se llegaran a poner en funcionamiento otra vez, requerirían una revisión exhaustiva y pruebas profundas que demostraran su confiabilidad, lo que resulta casi imposible en el corto plazo de que se dispone. De hecho, en el proceso de revisión de los escáneres que se está llevando a cabo, se ha podido constatar que un significativo porcentaje no ha superado la prueba, lo que indudablemente es un ingrediente muy perturbador.
El hecho de que la JCE decida y seleccione, unilateralmente, todos los métodos, los procesos y los sistemas que se implementarán, sin la concurrencia ni la anuencia de los partidos políticos a tan solo 17 días de distancia de unas elecciones nacionales, constituye una peligrosa, desaprensiva y monumental irresponsabilidad. Por esta razón, catalogamos a las referidas “reuniones consensuales” como frustrantes y “teatrales”.
Sobre este particular, le recomendamos al Pleno de la JCE que audite lo planteado. Al mismo tiempo, requerimos garantías de que los subalternos de esa institución no estarán recurriendo a subterfugios para engañar a los miembros del Pleno haciéndole creer, maliciosamente, que han “consensuado” con los partidos políticos todo lo referente a las elecciones, sin ser cierto.
Deseamos dejar claramente establecido que en lo que respecta a esta denuncia, excluimos y exoneramos totalmente, sin reserva alguna, al señor Mario Eligio Núñez Valdez, Director Nacional de Elecciones de la JCE, quién en todo momento ha dispensado a todos los partidos políticos un tratamiento decente y correcto, caracterizado por los más elevados estándares humanos y profesionales.
Lo primero que se debe tomar en cuenta es el escaso tiempo disponible. Faltan apenas dos semanas para que llegue la hora cero del domingo 15 de marzo de 2020. En ese plazo es absurdo pretender introducir viejas o nuevas tecnologías y procedimientos que demandan una intrincada y abrumadora logística para instalar los equipos y programas de computadora, auditar dichas instalaciones, probarlas exhaustivamente, realizar los simulacros de las elecciones nacionales con la presencia de los partidos políticos, y, medularmente importante, faltaría entrenar al personal que se requiere [miles de personas] para un proceso de tales dimensiones. Tomar ese sendero erróneo es la receta perfecta para el desastre.
Aconsejamos a los integrantes del Pleno de la JCE para que, imbuidos de la humildad y sensatez necesarias, evoquen y reflexionen sobre el sabio mensaje que contenido en esta cita bíblica:
“Antes del quebramiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu”.
Proverbios, 16:18
Por todo lo anteriormente dicho, es perentorio que la JCE, los partidos políticos, el gobierno, los gremios empresariales, los líderes religiosos y la sociedad civil nos revistamos de la sensatez y la serenidad que demandan las circunstancias para evitar exponer al país y a la sociedad dominicana a contingencias de dimensiones incalculables e impredecibles. No queremos ser alarmistas, pero tampoco debemos caer en un estado de ingenuidad que nos impida ver los nubarrones que se ciernen sobre el panorama social y político de nuestro país.
Los dominicanos tenemos la suficiente madurez, inteligencia y capacidad de concertación para dirimir nuestros problemas de manera autónoma y soberana. Por esa razón, contemplamos con aprehensión la presencia de la Organización de los Estados Americanos [OEA] en la JCE, y lamentamos que se esté inmiscuyendo en las elecciones municipales que se celebrarán el 15 de marzo de 2020. Darle aquiescencia a la OEA en los asuntos electorales dominicanos, tonta y servilmente, constituye una nueva afrenta, otra intromisión más, y un gravísimo error que atenta y pone en riesgo nuestra soberanía.
La OEA tiene un extenso prontuario de antecedentes altamente cuestionables de eventos injerencistas, exhibiendo descaradamente una reputación deleznable y abusadora y, en lo que respecta a la República Dominicana, la OEA fue corresponsable de la aberrante y perversa justificación de la intervención militar de 1965, a través de la Fuerza Interamericana de Paz, la cual azuzó la guerra civil dominicana de esa época, contribuyendo y provocando la muerte de más de 3,000 dominicanos.
La OEA ha causado daños terribles e imperdonables al pueblo dominicano, por lo que, bajo ningún concepto, olvidaremos las incontables ofensas irredentas e indelebles que están registradas en los anales de la historia dominicana.
En consecuencia, deberíamos analizar con lupa ― y utilizando pinzas―todas las acciones provenientes de la OEA, manteniendo el ojo avizor, y deberíamos mantener presente en la memoria la aciaga experiencia que tuvo el pueblo dominicano con ese anacrónico y decadente organismo internacional, que ha desnaturalizado y envilecido la esencia que le dio origen, y se ha convertido en un instrumento perverso y sinuoso del globalismo alienante. La OEA jamás sería un árbitro imparcial ni confiable, y muchísimo menos tratándose del pueblo dominicano, el cual ha sido víctima de sus vejaciones y de sus malsanas y recurrentes maquinaciones. Por todo lo dicho, estamos en total desacuerdo con las fuerzas políticas que han pedido, de manera genuflexa, la participación de ese organismo internacional, tradicionalmente contrario a los intereses fundamentales de la República Dominicana.
En este sentido, no deberíamos pasar por alto la conducta inmoral y manipuladora que la OEA ostentó durante la crisis electoral de Bolivia en octubre de 2019.
Sobre este particular, deberíamos estar contestes de que el problema que vivimos rebasó el contexto o el marco jurídico, porque, sin duda alguna, atravesamos un inmenso problema político que exige que arribemos a una solución política trascendental, que sea el fruto de un consenso auténtico entre todos los actores políticos y sociales dominicanos, sin la impertinente e innecesaria intromisión de la OEA ni de los otros organismos internacionales ni de las organizaciones privadas sin fines de lucro que actualmente medran incidiendo en los procesos electorales dominicanos, en relación con los cuales no tienen competencia legal alguna. Nosotros, sin el auxilio de ninguna entidad foránea, podemos superar la mega-crisis democrática creada por la JCE.
En nuestra opinión, tomando en cuenta los infaustos acontecimientos sucedidos, y en prevención de nuevas y más traumáticas complicaciones que pudieran salirse de control, lo que procede es unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, para que ambas se celebren el 17 de mayo de 2020.
De esta manera, habría tiempo suficiente para realizar todos los ajustes técnicos requeridos y para brindar el entrenamiento oportuno a todo el personal que participará en este delicado e histórico proceso. Además, con este margen más amplio de tiempo podrían concluir de manera satisfactoria las investigaciones independientes que deberán señalar, con total transparencia ―sobre la base de un peritaje técnico de incuestionable credibilidad― quiénes fueron los responsables del desastre acaecido:
[1] Ya sea que hubiese sido causado por la comisión de errores humanos involuntarios e inadvertidos, o
[2] Por la ineptitud e incompetencia de algunos de los empleados de la JCE, incluida la falta de liderazgo gerencial, o
[3] Por la asunción de una negligencia pseudo-delictiva e inaceptable que haya propiciado la violación de los procedimientos de seguridad mandatorios para los procesos en cuestión, y saque a la luz la inobservancia de los ineludibles protocolos de auditorías que debieron haberse ejecutado, o
[4] Que, lamentablemente, se concluya que fue causado por la ejecución deliberada y premeditada de un plan criminal con el propósito de sabotear el proceso electoral del 16 de febrero de 2020, en cuyo caso, los autores y sus cómplices deberán pagar por el grave daño causado a la sociedad dominicana y a su democracia.
Es evidente e innegable que varios partidos políticos han desplegado una actitud hostil y beligerante, que por su irracional persistencia se pudiese equiparar a “un sistemático intento de sabotaje” contra el proceso electoral en curso, dirigido indiscriminadamente hacia todas las ejecutorias de la JCE, llegando hasta el extremo y el colmo de que en las reuniones sostenidas en la JCE los representantes de esos partidos políticos desafiantes se oponen a las propuestas y a las solicitudes que ellos mismos han formulado con anterioridad ante la JCE. Esta contradictoria actitud es sencillamente insólita y desconcertante.
Los delegados de estos partidos belicosos en múltiples ocasiones le han faltado el respeto a los Miembros Titulares de la JCE y a los empleados de menor rango. En algunas instancias, constatadas por nuestros delegados, penosamente se han resquebrajado el orden parlamentario y la unidad de mando, hasta el punto de que estos delegados han expresado, abiertamente, que no reconocen la autoridad de la JCE para dirigir el proceso electoral que se avecina.
Aprovechamos esta ocasión para comunicarles a los Miembros Titulares de la JCE que lamentamos esta desagradable y conspiratoria situación, la cual, obviamente, rechazamos por considerarla una inapropiada manera de proceder.
Esperamos que estas reflexiones, realizadas con la mejor intención de aportar soluciones al ensombrecido panorama social y político que actualmente vive la República Dominicana, puedan contribuir a irradiar un poco de luz, que venga a sumarse a otros aportes provenientes de diferentes sectores preocupados por el bienestar y el futuro de nuestro querido país.
A los candidatos presidenciales destinatarios de esta misiva, les extiendo, cordialmente, la invitación para que, a la mayor brevedad posible nos reunamos de manera privada, a los fines de ponderar la crisis electoral que nos afecta. A este respecto, estamos disponibles en el celular 829.341.5283 para cualquier información adicional que permita coordinar todo lo referente al posible encuentro.
Por último, si el Pleno de la JCE desestimare el contenido de esta cautelosa advertencia, aún así albergamos la esperanza de que los procesos electorales venideros se realicen como Dios manda y sin contratiempos, para cuyo efecto, dentro del espectro de nuestras capacidades, estamos disponibles y comprometidos con hacer todo lo posible para contribuir a que no se produzca lo presagiado, de tal modo que los eventos electorales futuribles confirmen, felizmente, que estuvimos equivocados.
Nos despedimos con sentimientos de alta consideración y estima,
Atentamente,
Porfirio de Jesús López Nieto
Candidato Presidencial
Partido Verde Dominicano [VERDE].
